Certificado de antecedentes penales: nuevas normas para la versión en línea de diciembre de 2025

Las reglas para obtener el cazierul judiciar han sido modificadas oficialmente. A través de la Legea nr. 204/2025, publicada en el Monitorul Oficial y en vigor desde el sábado 6 de diciembre de 2025, se introducen aclaraciones importantes tanto para personas físicas como para personas jurídicas, especialmente en lo relativo a la versión electrónica del certificado de antecedentes penales.

Los cambios afectan, en esencia, tres aspectos:

• quién puede solicitar el cazier judiciar en línea;
• qué valor jurídico tiene el certificado electrónico;
• qué base legal existe para las actuaciones de toma de huellas necesarias en contextos internacionales.

Cazier judiciar online: quién puede solicitar ahora el certificado

La modificación más relevante es la limitación expresa del acceso al cazier judiciar en formato electrónico. La nueva ley deja fuera cualquier ambigüedad y establece con precisión quién puede usar este canal digital.

Desde el 6 de diciembre de 2025:

• solo los ciudadanos rumanos pueden solicitar el cazier judiciar online;
• solo las personas jurídicas con domicilio social en Rumanía pueden obtener el certificado en formato electrónico.

Con esta aclaración, la norma sustituye una redacción anterior más amplia, que no distinguía con suficiente claridad entre:

• ciudadanos rumanos y ciudadanos extranjeros;
• empresas establecidas en Rumanía y entidades con sede fuera del país.

En la práctica, esto significa que el acceso digital queda reservado a un perímetro bien definido. Para el resto de supuestos, sigue vigente el procedimiento tradicional, que se realiza presencialmente, ante el organismo correspondiente.

El contexto: cuándo apareció el cazier judiciar electrónico

La posibilidad de obtener el cazier judiciar por internet fue introducida en febrero de 2023, dentro del proceso de digitalización de los servicios públicos.

La Ley nr. 204/2025 no elimina esa opción; lo que hace es delimitarla con mayor precisión. En otras palabras, mantiene la herramienta digital, pero define de forma expresa quién puede beneficiarse de ella y en qué condiciones.

Esta clase de precisión legal resulta importante porque evita interpretaciones divergentes entre administraciones, ciudadanos y empleadores. Cuando el documento se solicita para contratación, trámites administrativos o relaciones con terceros, la claridad sobre el canal de emisión reduce errores y demoras.

Para quienes no entren en las categorías autorizadas, seguirá siendo necesario recurrir a la vía clásica. El cambio, por tanto, no implica una desaparición del certificado electrónico, sino una regulación más estricta de su uso.

Valor jurídico del cazier judiciar electrónico

Otra de las aportaciones centrales de la Legea nr. 204/2025 es la precisión sobre el régimen jurídico del certificado de cazier judiciar emitido en formato electrónico.

La norma establece expresamente que este documento:

• se beneficia de la presunción de integridad de los datos;
• tiene origen certificado;
• es reconocido jurídicamente en los términos del Reglamento europeo eIDAS.

Además, la ley define de forma explícita dos elementos de seguridad que forman parte de este sistema:

• la firma electrónica cualificada;
• el sello electrónico cualificado.

Con ello, el legislador refuerza la confianza en el documento digital y evita dudas sobre su autenticidad o su capacidad para producir efectos legales. En términos prácticos, la finalidad es equiparar su fiabilidad a la de un certificado emitido por las vías previstas por la ley, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos aplicables.

Este tipo de aclaración es especialmente útil en entornos laborales y administrativos, donde el cazier judiciar puede ser un documento obligatorio. Cuando una empresa, una institución o una autoridad solicita el certificado, saber que el formato electrónico tiene respaldo normativo específico aporta seguridad y previsibilidad.

Regulación de la actividad de toma de huellas

La ley incorpora también una base legal clara para la actividad de amprentare, es decir, la toma de huellas dactilares y palmarias.

El texto prevé expresamente la posibilidad de realizar:

• impresiones dactilares;
• impresiones palmarias;

en las estructuras especializadas del Ministerul Afacerilor Interne.

Esta previsión cobra importancia en los supuestos en los que se necesita obtener un certificado de antecedentes penales para otros Estados o cuando autoridades extranjeras solicitan datos biométricos como parte del procedimiento. Hasta ahora, la referencia legal podía ser menos precisa; con esta reforma, el marco queda mejor definido para la cooperación internacional.

La introducción de esta base normativa no supone una novedad aislada, sino una pieza complementaria del mismo sistema: si el certificado electrónico exige garantías de autenticidad, los procedimientos de identificación y verificación también necesitan una cobertura jurídica clara.

Qué implican estas modificaciones en la práctica

En términos generales, la reforma persigue tres objetivos concretos:

• delimitar con exactitud el acceso a la modalidad online;
• reforzar la seguridad y la validez jurídica del certificado electrónico;
• ofrecer un marco más sólido para la colaboración con autoridades de otros países.

Para ciudadanos y empresas, el mensaje principal es que el cazier judiciar digital sigue existiendo, pero con un ámbito de aplicación más estrecho y mejor definido. Esto ayuda a evitar solicitudes indebidas y a orientar correctamente a quienes deban tramitar el documento por motivos laborales, administrativos o internacionales.

En el ámbito de recursos humanos, la reforma resulta especialmente relevante porque aporta mayor certidumbre cuando el cazier judiciar forma parte de la documentación exigida en procesos de selección o contratación. Si una empresa necesita pedir este certificado, ahora cuenta con una referencia más precisa sobre qué tipo de solicitantes pueden usar la vía electrónica.

También para las personas jurídicas el cambio es significativo. Las entidades con sede social en Rumanía pueden seguir utilizando el canal electrónico, pero no así las empresas establecidas fuera del país. Esa distinción reduce dudas operativas y evita interpretaciones amplias que pudieran generar trámites incorrectos.

Preguntas frecuentes sobre el cazier judiciar

1. ¿Quién puede obtener el cazier judiciar online después del 6 de diciembre de 2025?
Solo:

• los ciudadanos rumanos;
• las personas jurídicas con sede social en Rumanía.

2. ¿Los ciudadanos extranjeros pueden seguir solicitándolo por internet?
No. Deben acudir al procedimiento clásico, presencial, para obtener el certificado.

3. ¿El cazier judiciar electrónico tiene la misma validez que el papel?
Sí. La ley reconoce expresamente su valor jurídico, siempre que el documento se emita y firme conforme a las exigencias legales.

4. ¿Las empresas sin sede en Rumanía pueden usar la versión electrónica?
No. La norma reserva esta posibilidad únicamente a las personas jurídicas con domicilio social en Rumanía.

5. ¿Por qué se introduce la regulación sobre amprentare?
Para disponer de una base legal clara en casos de cooperación internacional, cuando otros Estados solicitan datos biométricos para emitir o verificar certificados de antecedentes penales.

6. ¿Cambió el plazo de validez del cazier judiciar?
No. La ley no modifica ese aspecto; las novedades se centran en el procedimiento de obtención y en la forma del documento.

Un cambio puntual, pero relevante

Desde el 6 de diciembre de 2025, las reglas sobre el cazier judiciar quedan ajustadas de manera precisa. La Legea nr. 204/2025 no transforma por completo el sistema, pero sí aclara quién puede acceder a la variante electrónica, confirma su valor jurídico y completa el marco para actuaciones vinculadas a procedimientos internacionales.

En un contexto en el que cada vez más trámites se gestionan de forma digital, estas precisiones resultan especialmente útiles para ciudadanos, empresas y administraciones. La reforma aporta orden donde antes podía haber interpretaciones distintas y consolida el papel del certificado electrónico dentro del sistema de verificación de antecedentes penales.

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